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Decreto 46/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 46/2011, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Texto Original (BOR) Citas 4 Citado por Análisis 8 Relacionados
Vincent
SecciónI. Disposiciones Generales
EmisorConsejerÍA de AdministraciÓN PÚBlica y Hacienda
Rango de LeyDecreto

Mediante Decreto del Presidente 3/2011, de 27 de junio, se modificó el número, denominación y competencias de las consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y por Decreto 46/2011, de 6 de julio, se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública de Hacienda y sus funciones.

Este Decreto tuvo una primera modificación a través del decreto 17/2012, de 25 de mayo, que redujo algunas unidades administrativas y redistribuyó competencias entre los órganos. En especial, la Secretaría General Técnica asumió la competencia de tramitar los expedientes de contratación que tengan por objeto la prestación de servicios integrados de telecomunicaciones e informáticos para todo el Sector Público, asumiendo pues las competencias contractuales que sobre este objeto tuvieran cualesquiera otras entidades y órganos del denominado Sector Público.

Recientemente, el pasado día 20 de julio, el Parlamento de la Rioja aprobó la Ley de Racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha supuesto la extinción de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología, entidad pública empresarial que ha desempeñado desde su creación las funciones relativas a los servicios informáticos, telecomunicaciones y sociedad del conocimiento circunscrito al ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Como consecuencia de lo anterior, se hace obligatorio crear un órgano dentro de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, titular de las competencias en materia de servicios informáticos y telecomunicaciones, que no sólo asuma las funciones desempeñadas hasta ahora por la Agencia en esta materia, sino las de todo el Sector Público, de forma que se logren los evidentes beneficios que se derivan de la centralización de la competencia en aras a la contención del gasto y a la consecución de los objetivos de déficit.

Este nuevo órgano es la Dirección General de las Tecnologías de la Información y...

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