Decreto 15/2006, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2006
| Sección | II. Autoridades y Personal |
| Emisor | Consejeria de Administraciones Públicas y Política Local |
| Rango de Ley | Decreto |
La modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja es un objetivo prioritario del actual Gobierno, en su afán de mejorar la calidad de los servicios públicos y conseguir una Administración más eficiente.
Las Administraciones Públicas han de orientar sus actuaciones internas a la gestión de las personas y del conocimiento. La modernización de nuestra Administración requiere un empleado público comprometido, motivado, con vocación de servicio al ciudadano.
Ante esta situación el Gobierno de La Rioja debe plantearse la elaboración de políticas y líneas de actuación que permitan la mejora del empleo público. La Oferta de Empleo Público implica un proceso de reflexión acerca de las necesidades de personal, poniendo este aspecto en relación con los objetivos de modernización y acercamiento al ciudadano, como paso previo a elaborar las prioridades de la Oferta y la publicación de la misma.
El marco jurídico que delimita las incorporaciones de nuevos efectivos en el año 2006, con carácter general para todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se define en el artículo 50 de la Ley 12/2005, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2006 al disponer que se podrá autorizar la convocatoria de plazas para el ingreso de nuevo personal que se concentrará, fundamentalmente, en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales añadiendo que, en todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso deberá ser como máximo, igual al cien por cien de la tasa de reposición de efectivos.
Dentro de este límite, la oferta de empleo público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe una reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión.
Esta limitación no será de aplicación en la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes en desarrollo de las Leyes Orgánicas 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
Para favorecer la estabilidad en el empleo, se podrán convocar aquellos puestos o plazas que estando dotadas presupuestariamente e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo o plantillas, se encuentren desempeñadas interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
A su vez, el apartado tercero del citado artículo 50 mantiene el criterio de no proceder a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, e indica que, en cualquier caso, estos nombramientos computarán a efectos de cumplir el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al año siguiente en que se produce el nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público.
Para agilizar las contrataciones temporales señaladas en el párrafo anterior y responder adecuadamente a la urgencia y necesidad inaplazable que las justifican, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas en procesos selectivos ordinarios, de forma que cuando finalicen se podrá elaborar por los respectivos Tribunales calificadores, propuesta de aquellos aspirantes que según el criterio adoptado por el citado órgano se incluirán en lista de espera.
Por otro lado, al objeto de fomentar la práctica de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades, sin perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos a la cobertura de puestos de empleo público, se establece que en las convocatorias de ingreso libre previstas en el presente decreto se reserve un cupo no inferior a un cinco por ciento para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
Se incorpora a este decreto la adopción de diversas medidas de adaptación y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad en el desarrollo del proceso selectivo y en el lugar de trabajo, para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación por motivos de discapacidad en la esfera del empleo público.
Además se recogen en este decreto de forma explícita los...
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