Decreto 9/2018, de 27 de abril, de desconcentración de competencias en materia de contratos menores en el ámbito de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia

SecciónI. Disposiciones Generales
EmisorConsejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
Rango de LeyDecreto

Mediante Decreto 25/2015, de 21 de julio, se establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, así como sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja

De acuerdo al artículo 1.2 del citado Decreto, para el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia se estructura en cuatro órganos directivos: la Secretaria General Técnica, la Dirección General de Justicia e Interior, la Dirección General del Deporte y el Instituto Riojano de la Juventud y la Dirección de Servicios Sociales. Así mismo, el artículo 2 recoge al Servicio de Planificación y Acción Social como unidad administrativa dependiente del titular de la Consejería.

Con el objetivo de conseguir el ejercicio ágil y efectivo de las competencias y funciones asignadas se procede por la Resolución 147/2015, de 1 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia a la delegación de competencias en materia de personal, y en materia de gestión económica y presupuestaria que incluye funciones referidas a la responsabilidad patrimonial, la tramitación de subvenciones y la contratación en los titulares de los órganos directivos mencionados en el apartado anteriores.

En el ámbito de la contratación la delegación recae en el titular de la Secretaria General Técnica hasta el límite de 80.000 euros IVA excluido. Esta delegación conlleva los actos de ejecución de gastos derivados de la contratación salvo la firma de los contratos y la aprobación de los proyectos.

La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, trae consigo relevantes novedades en la tramitación y gestión contractual que conllevan la necesidad de adaptar dichas novedades al funcionamiento ordinario de la consejería.

La citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 61.2...

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